Entrevista al investigador colombiano Javier Calderón Castillo *.

AS: ¿Cuál es el estado del acuerdo de paz firmado con las Farc?

JC: Se puede analizar desde lo técnico y desde lo político. Desde el punto de vista técnico, me refiero a los 6 puntos acordados entre el Estado colombiano y las Farc. Según el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame que es la encargada de acompañar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos, sólo se ha cumplido un 25% de lo pactado en La Habana. El cumplimiento de la reforma integral rural llega al 1%. Y en otros puntos, como el proceso de incorporación a la vida civil de los guerrilleros/as está en casi el 100%. Una buena parte de este cumplimiento se hizo durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En el mandato de Iván Duque se detenido el cumplimiento del acuerdo. En primera instancia, ellos plantearon no cumplir el acuerdo. Duque dejó de financiar por completo los programas del acuerdo. Entre ellos, uno de los más importantes, el de la “reforma rural integral”, está bloqueado en el Congreso. Las 7 millones de hectáreas de tierras que estaban obligados a devolverles a los campesinos no viene ocurriendo. Hoy esas tierras son de multinacionales y terratenientes locales. Duque y el Ministerio de Agricultura son parte de los beneficiarios de esas tierras usurpadas a campesinos por el paramilitarismo. Desde lo político, el acuerdo fue exitoso. Desde 2017 se activó una demanda ciudadana a los sectores del poder que querían mantener la guerra. Por primera vez, la campaña electoral de 2018 tuvo como eje el debate económico y hubo una polarización, esto nunca había ocurrido. Esto es parte de los efectos políticos del acuerdo de paz.

AS: ¿Qué incidencia en la sociedad tiene el no cumplimiento del pacto con la guerrilla?

JC: El no cumplimiento en la práctica para las comunidades rurales ha significado que la situación de atraso se mantiene y las dinámicas se convirtieron en combustible para el conflicto, como la falta de trabajo y volcarse a actividades ilegales como el cultivo de hoja de coca. Lo que genera esto es un sostenimiento de la conflictividad en los territorios. Ante la ausencia de las Farc como estructura organizada que estaba en esos territorios llegaron grupos de delincuentes, narcotraficantes a tomar la autoridad de esos territorios. El Estado no está presente. En la ciudad, se siente como parte del debate público. Una parte del país se da cuenta que el Estado y sectores del poder fueron responsables de la guerra. Y para una gran mayoría no le significa nada porque el día a día del trabajo se impone.

AS: ¿El no cumplimiento del acuerdo está directamente vinculado al asesinato de dirigentes sociales? 

JC: Hay sectores de poder en ciertas provincias, que están facilitando estas acciones contra líderes. El gobierno lo niega, dice que no hay sistematicidad en los asesinatos, que son aislados. Este mes se habla de 20 líderes asesinados y la fiscalía dijo que es falso que sólo habían asesinado a una sola persona. También fueron asesinados excombatientes algunos por el ejército y otros por bandas paramilitares o grupos de tareas.

AS: ¿Por qué consideras que no hay una fuerte exigencia internacional para que se cumpla el acuerdo, como sí la hay con el insistente reclamo de democracia para Venezuela? 

JC: Las Naciones Unidas juega un papel importante y ha denunciado el incumplimiento del acuerdo. Tiene una misión especial en Colombia. Lo cierto es que la cercanía de Colombia con el gobierno de los EE.UU. hace que toda esta situación esté impune, la OEA no dice nada, Human Rights Watch matiza todo. El gobierno de Colombia se convirtió en la cabeza de playa de la intervención en Venezuela.

AS: ¿Por qué EE.UU. realiza ejercicios militares en Colombia? 

JC: Siguen una estrategia de amedrentamiento de las fuerzas militares venezolanas. Esto va en la línea de los acuerdos que pactaron en la reunión que mantuvieron Guiadó, Pompeo y Duque en Bogotá la última semana. Allí lanzaron como una nueva estrategia de señalar a Venezuela como un Estado terrorista y ampliar y subir el tono de las relaciones con ese país. El otro asunto es que EE.UU. desde los años 90 mantiene tropas permanentes en territorio colombiano, es ampliamente conocido el tema de las bases militares donde operan oficiales, estrategas y contratistas norteamericanos. Otro aspecto es la reactivación de la lucha contra el tráfico de drogas, que la administración Trump vuelve a exigir que se criminalice a los campesinos que cultivan hoja de coca.

AS: Luego de conseguir la aprobación de la reforma tributaria, ¿Qué otras medidas tiene en agenda el presidente Duque?

JC: La situación económica de Colombia es difícil. Hay una crisis que tiene aumento del desempleo, una masa de trabajadores con ingresos muy bajos. El 85% del total de personas ocupadas gana menos de dos salarios mínimos, es menos de 500 dólares. Una economía con mucho brote de ilegalidad en los territorios y con una concentración de la riqueza, Colombia es el segundo país más desigual de AL. La salida que propone Duque es seguir ajustando. La reforma tributaria genera exenciones de impuestos a los más ricos y genera otras cargas impositivas hacia sectores con ingresos medios y bajos. Ahora vienen reformas provisionales y flexibilización laboral. 

AS: ¿Qué rol asume la alcaldesa de Bogotá Claudia López en la construcción de un frente opositor contra la derecha? 

JC: López juega un rol contradictorio por un lado se ha convertido en una lideresa importante de los sectores progresistas pero tiene una posición de construcción bastante centrista de diálogo con el poder, más de lucha contra la corrupción y mejoramiento de las capacidades técnicas del Estado y la meritocracia y con algunas medidas de carácter social distintas a las del “uribismo”. Pero no está por disputar el modelo del neoliberalismo. Es una oposición bastante blanda y juega en la cancha en contra del progresismo latinoamericano contra Venezuela, Bolivia y contra el sector que lidera Petro (Partido Colombia Humana) y la izquierda colombiana. 

AS: ¿Qué partido o dirigente está a la altura de proponer una alternativa por fuera del neoliberalismo? 

JC: El progresismo demostró en 2018 en cabeza de Petro pero también de otras formaciones más pequeñas que se aliaron que es posible desafiar a los partidos tradicionales. Yo creo que van a ser protagonistas del 2022 Sergio Fajardo (Compromiso Ciudadano) de un progresismo moderado y Gustavo Petro.

AS: ¿Cómo se presenta el 2020 para Duque teniendo en cuenta que su imagen a caído estrepitosamente?

JC: Duque viene bastante complicado desde el comienzo de su gobierno. No cuenta con mayorías parlamentarias. Para que le pasen los proyectos tiene que negociar con otras formaciones de derecha con el “santismo”, con el partido Cambio Radical que también formó parte del gobierno de Santos. La única alternativa que tiene Duque hoy es pactar con el “santismo” o Cambio Radical, para poder tener un espacio de gobernabilidad. La tiene difícil.

*Javier Calderón Castillo (Colombia) es investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires y del Centro Latinoamericano de Geopolítica (Celag).