Como ya lo había anticipado Agenda Sur en publicaciones anteriores, EE.UU. optó finalmente por la estrategia de la suma de cargos para poder extraditar a Julian Assange con más holgura.
El fundador de WikiLeaks fue acusado de 17 nuevos cargos criminales federales por la presunta “obtención y divulgación ilegal de información secreta”. Las nuevas imputaciones se suman al cargo de “conspiración” anunciado por Washington justo después de que el periodista australiano fuera arrestado en Reino Unido tras ser despojado de su asilo político en la embajada ecuatoriana en Londres. En esa oportunidad se lo acusó de un “intento de delito” que trató de llevar a cabo con la colaboración de la ex analista de inteligencia Chelsea Manning. Se trató del intento de descifrar una clave que abriría la puerta a más revelaciones sobre el accionar del Departamento de Defensa de los EE.UU. Esa acusación estipulaba un límite de cinco años en prisión. Los nuevos cargos suponen un máximo adicional de 170 años tras las rejas.
Trascendió que las nuevas acusaciones giran en torno a la publicación de documentos secretos en 2010 obtenidos por Manning e incluyen presuntas violaciones a la denominada Ley de Espionaje del país norteamericano. De acuerdo a la ley de extradición británica no se permiten extradiciones por motivos políticos y el crimen de espionaje es considerado político para Londres. Además, la legislación británica como la europea, prohíben extraditar personas a países con pena de muerte a menos que el país receptor garantice que dicha pena no será aplicada al extraditado. Virginia es uno de los 30 estados entre los 50 de EE.UU. que ejecuta la pena capital.
La parte acusatoria indica que las nuevas revelaciones por las cuales se lo imputa nuevamente a Assange contenían nombres de ciudadanos afganos e iraquíes que funcionaron como fuentes para el Gobierno estadounidense, por lo que los fiscales estiman que las filtraciones pusieron “a personas inocentes en grave peligro simplemente porque proporcionaron información a EE.UU.”.
El desarrollo del caso contra Assange sienta un precedente que pondría en riesgo a otros periodistas que publiquen información confidencial o que la hayan divulgado con anterioridad. El portal WikiLeaks, por su parte, ya se pronunció respecto a las imputaciones contra su fundador. “Esto es una locura. Es el fin del periodismo de seguridad nacional y de la Primera Enmienda”, escribió la organización en su cuenta oficial de Twitter.
La Primera Enmienda prohíbe, entre otros, la creación de leyes que reduzcan o amenacen la libertad de expresión y de prensa. Expertos legales señalan que procesar criminalmente a un periodista por sus reportes equivaldría a una violación de esta enmienda de la Constitución de EE.UU.
Washington nunca acusó a un periodista bajo la Ley de Espionaje antes del caso del fundador de WikiLeaks. John Demers, asistente del fiscal general para la Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, afirmó que “Julian Assange no es ningún periodista”.
Semanas atrás la fiscalía de Suecia reabrió la causa por presunto abuso contra el activista con la intención de extraditarlo. Días después la justicia solicitó su arresto a un tribunal local del país escandinavo. Si el tribunal decide arrestar al activista, la fiscalía procederá a emitir una orden de arresto europea en la que se solicitará la extradición a Suecia. Según los expertos en extradición, será la justicia británica la que decida en último término el rumbo judicial de esta trama que hiere de muerte a la libertad de expresión.
