Assange: Un laberinto judicial
El primer objetivo de EE.UU. ya fue concretado. Julian Assange permanece encarcelado en un penal de máxima seguridad en el sur de Londres. Para la segunda meta, la extradición, Washington deberá sortear algunas dificultades judiciales. El pedido de la justicia estadounidense se basa en un “intento” de delito. La prueba es un chat entre Assange y la exagente de inteligencia, Chelsea Manning. Aunque todo parezca mucho más fácil para el “Estado Vigilante”, las leyes de UE y Reino Unido podrían ser los próximos obstáculos que deberá enfrentar Virginia para tener al fundador de Wikileaks en sus manos.
El chat entre Assange y Manning no prueba que el periodista australiano haya podido descifrar la clave de una computadora del Departamento de Defensa. Si efectivamente se comprobara que existió una maniobra para violar las información se trataría de un presunto crimen informático castigado hasta 5 años de cárcel. Pero la acusación de la fiscalía menciona que Assange solo le dijo a su presunta fuente, Manning, que había intentado conseguir la clave pero no había tenido suerte. Esta acusación estaría floja de papeles para ejecutar la extradición. Es por ello que EE.UU. tiene otra carta para jugar: sumar cargos más sustanciales contra el periodista.
El gran escollo que la fiscalía estadounidense deberá superar es la ley de extradición británica. De acuerdo a esta jurisprudencia no se permiten extradiciones por “razones políticas”, y el crimen de espionaje es considerado “político” por la justicia de ese país. Si bien los fiscales evitaron acusar a Assange de “espionaje” el texto presentado a autoridades inglesas tiene ese espíritu: “Assange y Manning tenían razones para creer que la difusión pública de los despachos de las guerras de Irak y Afganistán causarían lesión a Estados Unidos” dice la presentación.
El tratado de extradición tampoco permite que una persona sea juzgada por un crimen diferente al supuestamente cometido y por el cual fue extraditado. Aunque todo tiene su trampa. Los nuevos cargos que se podrían sumar contra Assange, deberían basarse en los mismos hechos por los que la extradición fue concedida, de esta manera el fundador de Wikileaks podría ser expulsado de Londres sin ninguna dificultad. Y aquí viene un punto interesante: tanto la legislación británica como la europea, prohíben extraditar personas a países con pena de muerte a menos que el país receptor garantice que dicha pena no será aplicada al extraditado. Virginia es uno de los 30 estados entre los 50 de EE.UU. que ejecuta la pena capital.
Assange se encuentra recluido en la prisión de Belmarsh, en las afueras de la capital inglesa. La llaman “la Guantánamo de Gran Bretaña”. Londres condenó a Assange a 50 semanas de cárcel por violar las condiciones de libertad condicional en 2012 sobre una orden de extradición a Suecia al pedir asilo en la embajada de Ecuador.Las causas por presunto abuso en el país nórdico quedaron sin efecto. El pedido de extradición de EE.UU contra Assange data de diciembre de 2017. Washington esperó el cambio de gobierno en Ecuador para ejecutar el operativo extradición.
La cobertura de los grandes medios sobre el arresto de Assange murió el mismo día de la detención. Luego siguieron las historias dedicadas al gatito que lo acompañó durante el asilo en la sede diplomática de Quito. También dedicaron informes para demonizarlo y ponerlo en la lista del eje del mal. Hoy, informar sobre la situación de Assange es una responsabilidad de todos los periodistas que defendemos el ejercicio de la libertad de expresión y trabajamos por revelar los secretos que los poderosos esconden para controlar la vida de cada uno de los habitantes de este planeta.