“El cambio será profundo e irreversible”, aseguró la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) ganó las elecciones en primera vuelta con el contundente 48.3% de los votos válidos emitidos, con casi 15 puntos de diferencia sobre el Partido Liberación Nacional (PLN), la vieja socialdemocracia. La derecha radical del presidente Rodrigo Chaves tendrá su continuidad con Laura Fernández en la nueva etapa 2026-30; la segunda mujer de Costa Rica en llegar a la máxima magistratura. Chaves es un líder de estilo confrontativo y discurso crítico con la clase política tradicional, quien termina su mandato con una imagen positiva superior al 58%. Ambos conforman de una nueva identidad política en Costa Rica.
Fernández nació hace 39 años en Esparza, en la provincia costera de Puntarenas, una de las regiones más golpeadas por el narcotráfico. Está casada, es madre de una niña pequeña y se define como católica conservadora. Su discurso se basa en la defensa de la familia, la vida y los valores tradicionales. Hija de un agricultor y una profesora, es politóloga y especialista en políticas públicas y gobernabilidad democrática. Fue ministra de Planificación Nacional y Política Económica y de la Presidencia durante el actual Gobierno, además de desempeñarse como jefa de gabinete de Chaves. Como reconoció la diputada Pilar Cisneros, fue elegida por un círculo reducido del actual Presidente, como su sucesora, ya que en Costa Rica no hay reelección.
“Lo que se llamó la Segunda República, labrada en 1948, en campos de batalla, anegados con la sangre de nuestros padres y hermanos, ¡ha quedado en el pasado! Ha quedado en el pasado por la voluntad expresa del pueblo de Costa Rica”. Con voz decidida, anunció la fundación de una nueva era: “Por eso nos toca a nosotros edificar la Tercera República. Por eso y para eso se instalará el nuevo Gobierno que habremos de inaugurar el próximo 8 de mayo”, sentenció Laura Fernández.
El sociólogo, politólogo y economista Jorge Coronado, explicó para CovertAction Magazine porqué el proyecto político y económico del oficialismo costarricense es de modelo Trumpista: “lo que ha hecho el PPSO es recomponer radicalmente al espectro de derecha y conservador, absorbió a la corriente neopentecostal que empezó teniendo representación legislativa en 1998 con un diputado, hasta llegar al 2018 con 14 diputados; absorbió a la corriente neoliberal libertaria que tuvo su primer diputado en la elección de 1998 y ha mantenido una fracción entre seis y 9 diputados; logró absorber a la vieja derecha conservadora e incluso a parte de una dirigencia derechista del PLN y de su base electoral”.
La Segunda República significó la modernización e inserción de Costa Rica en el capitalismo global, pasando de un país esencialmente agrícola conducido por una oligarquía cafetalera, a un país que apostó por una tímida industrialización, con la irrupción de una burguesía emergente. “La Segunda República se ha sustentado en tres pilares: una nueva Constitución Política de 1949 que garantizó un régimen de libertades individuales; un sistema estatal formado de instituciones sólidas y con separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); y un sistema de partidos políticos basado en el bipartidismo, con la socialdemocracia como actor dominante y una oposición política -más conservadora, que terminó en abrazar al socialcristianismo como ideología-, que nunca puso en riesgo el modelo y jugó siempre dentro de las reglas establecidas”, describe Coronado.Lo que realme
nte muere de la Segunda República en esta elección es el sistema de partidos políticos sustentado en el bipartidismo. El mismo había sufrido un primer resquebrajamiento en el 2002 con la irrupción del Partido Acción Ciudadana (PAC), una escisión del Partido Liberación Nacional PLN, -vieja socialdemocracia- y la también irrupción de otras fuerzas políticas (neopentecostales, libertarios, izquierda) que empezaron a abrir la ruptura del bipartidismo histórico dominante (PLN y el PUSC, el Partido Unidad Social Cristiana).
En ello coincide el analista político y periodista Guillermo Acuña: “Estamos +en presencia de una refundación política, denominada de muy diversas maneras (crisis de partidos, crisis de representación, colapso del sistema de partido). Tal refundación construida sobre la erosión de una comunidad política desgastada y en declive, parece dar paso a la conformación de una experiencia todavía no identificada, nuevas narrativas y prácticas que recién se vislumbran a partir de 2026. En los últimos 18 años, eso que entendemos como ciudadanía política se configuró sobre escenarios de tensión, agendas diversas y expresiones múltiples, evidenciadas más allá de filiaciones partidarias, y más cercanas a agendas concretas y problemas específicas”.
La inseguridad y el asesinato de la Segunda República
En un texto de 2012 sobre la desigualdad en Costa Rica, el fallecido sociólogo costarricense Carlos Sojo señalaba tres referentes normativos de la cultura política que la mantenían en equilibrio: la convivencia horizontal, la tolerancia y el pacifismo. Eso fue lo que entró en crisis, ya que no dio a la sociedad las respuestas esperadas.
“Este modelo bicéfalo entre resabios del modelo económico de la Segunda República y la hoja de ruta neoliberal impulsada por el PLN, con el apoyo del PUSC y de las otras fuerzas emergentes como los neopentecostales y libertarios, ha creado dos Costa Rica muy distintas en términos económicos y sociales. La Costa Rica que sigue vinculada al mercado nacional, denominada el “sector tradicional de la economía”, que no crece, que no recibe estímulos, y cuyo sector empresarial enfrenta un entramado burocrático que se convierte en una barrera no arancelaria; por tanto, lo que promueve es informalidad y precariedad laboral. Otra Costa Rica vinculada al mercado externo “importadores y exportadores”, o lo que se conoce como el “sector dinámico de la economía” sustentado en un Régimen de Zona Franca. Con limitadas conexiones con la economía nacional, con una minoría laboral con buenos salarios, que goza de incentivos fiscales y normativos, con un sector turístico y otro financiero que forman parte de ese mismo sector dinámico.
Eso se expresa en los indicadores sociales del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC): el porcentaje de hogares en pobreza es de 15,2 % y el nivel de pobreza extrema es 3,8 %. La desigualdad social por regiones es alarmante. La región Central permanece con los niveles de pobreza y pobreza extrema más bajos del país; mientras que las regiones costera de Huetar Caribe (24,9 %) y la sureña Brunca (23,8 %) son las de mayor nivel de pobreza y pobreza extrema.
“Tenemos una Costa Rica que ha concentrado la distribución de la riqueza en sectores urbanos del centro del país, la desigualdad ha crecido y hoy las provincias costeras y la zona sur del país concentran los mayores niveles de pobreza. Además, son las zonas en las que la institucionalidad estatal funciona en forma más precaria. Estos sectores sociales son los que más desapego están expresando con la institucionalidad de la Segunda República, porque es la que vive mayoritariamente en la informalida: sin acceso a la salud pública, con acceso a una educación pública más precaria y sin ninguna protección social”, describe Jorge Coronado.
Según el analista político y periodista Guillermo Acuña, “tales rasgos fueron encontrando expresiones de agotamiento que se evidenciaron en señales de transición y cambio de un sistema político y de partidos, que cristalizó en una coyuntura que tuvo sus primeras expresiones en las elecciones de 2018, cuando irrumpió en el escenario electoral una opción de corte neopentecostal que ganó rápidamente un volumen de votantes, aunque no los suficientes para ganar esas elecciones. Sin embargo, la fractura estaba declarada”.
Para estas elecciones del 2026 se conjuntaron unas élites políticas/económicas que en cuatro años de gobierno atacaron la institucionalidad pública, identificada con la Segunda República. “Convencieron a sectores sociales populares, que no ven que la institucionalidad les garantice servicios y mejoras en su calidad de vida, de que la culpa de su precaria situación es esa institucionalidad y que hay que destruirla”, completa Coronado.
En general, los resultados electorales muestran que, en todo el país, con excepción de sectores medios urbanos, hay respaldo para terminar de derribar el tipo de Estado e institucionalidad construido en la Segunda mitad del siglo XX, a fin de crear un nuevo paradigma de Nación.
“Lamentablemente el paradigma de estas nuevas élites es de mayor concentración de la riqueza. Sin ningún rol del Estado como garante de justicia social, sólo con el mercado definiendo quién se beneficia y quién no; con mano dura para atacar la inseguridad ciudadana, lo que posiblemente devenga en mano dura para sectores políticos y sociales opositores”.
Como en muchos de los países de América Latina, el gran tema de campaña electoral fue la inseguridad asociada al narcotráfico. La población lo considera el principal problema del país debido al incremento de los homicidios, en su mayoría atribuidos a disputas entre bandas vinculadas al narcotráfico. La solución de Laura Fernández es “mano dura” contra el crimen organizado: entre sus propuestas figuran la posibilidad de decretar Estados de Excepción en zonas conflictivas; reformas al Poder Judicial y de las leyes penales; y completar una mega cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Una reingeniería institucional ajustada a los mecanismos de un aparataje ideológico volcado a la derecha, con posibles limitaciones a las libertades individuales y los procesos colectivos. Todo sobre la sombra de Estados Unidos. La visita del Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dejó claro el escenario y los límites de actuación de la gobernanza costarricense. Asimismo el guiño político que le hiciera en campaña Laura Fernández a Elon Musk, para que viniera a invertir a Costa Rica.
“Una rápida revisión a la propuesta del plan de Gobierno del partido triunfador demuestra que, en temas como gestión migratoria, seguirá el guion actual del Partido Republicano: endurecimiento de la seguridad, cárcel y desconocimiento de los derechos de las personas migrantes radicadas en el país”, según recuerda Guillermo Acuña.
En ese esquema poco importa atenerse a los límites que impone la división de poderes de la Segunda República. Es lo que observa Jorge Coronoado: “Claramente las elecciones nacionales están inscritas en el contexto de giro hacia la derecha, y no cualquier derecha, sino la de “derechas trumpistas” que vive América Latina”.
El proyecto de esta nueva derecha Trumpista que representa el PPSO pretende profundizar en perspectiva neoliberal, la ruptura absoluta con la institucionalidad de la Segunda República. Sus antecedentes se enmarcan en las tres etapas del Programa de Ajuste Estructural (PAE) iniciado en 1986, y que tuvo su punto de máximo en 2007 con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, promovido también en una administración del Partido de Liberación Nacional. Desde ahí se iniciaron privatizaciones de instituciones públicas; flexibilizaciones para el sector financiero; apertura comercial, quitándole prioridad al mercado interno y poniendo énfasis en el sector exportador; eliminación de protecciones arancelarias a la producción nacional; reducción de la intervención económica del Estado. Es decir, un cambio del modelo de sustitución de importaciones que había creado la Segunda República, para dar paso a un modelo orientado al mercado externo de promoción de las exportaciones.
A partir de mayo de este año, la tarea prioritaria de Laura Fernández y PPSO estará en construir la “Tercera República”, institucionalizarla y hacerla irreversible.
Jorge Coronado adelanta sus características centrales: “Avanzar en la apertura o privatización del sector eléctrico estatal; ir ahogando financieramente la educación pública, principalmente a las universidades públicas; ahogar financieramente al Seguro Social hasta dejarlo en su mínima expresión, para obligar a transitar rápidamente hacia la universalización de la medicina privada; flexibilizar radicalmente el marco jurídico de protección laboral, a fin de precarizar al conjunto de la fuerza laboral; privatizar con celeridad el robusto sistema financiero estatal, para favorecer al capital especulativo financiero privado nacional e internacional. Vienen momentos muy difíciles para el país, como no se habían vivido en el pasado. Hoy las élites que vienen a desmantelar la Segunda República gozan de una amplia legitimidad social que les han dado las urnas, a fin de acabar con el modelo construido por Costa Rica de los últimos setenta y cinco años. Es muy posible que el conjunto de la sociedad costarricense no haya dimensionado las implicaciones del paso dado”.
Es por todo ello que más allá del triunfo, Laura Fernández buscaba obtener la mayoría legislativa absoluta. Si bien no lo consiguió, logró superar la mayoría simple de 29 diputados, con 31 ediles. Aunque la proyección es que para Reformar la Constitución encontrará la colaboración de los 17 de PLN y otros diputados. La Segunda República ya murió, la nueva se está gestando. La verdadera oposición de izquierda del Frente Amplio (siete escaños), los sindicatos, dirigentes sociales e intelectuales denuncian el riesgo serio de autoritarismo. “Costa Rica se ha montado a la ola y la deriva de tendencias autoritarias, porque desde la instauración del ‘Bukelismo’ en El Salvador, se ha ido extendiendo como una onda expansionista. Ocurre primero en América del Sur, como en Ecuador, cuyo presidente buscó asesoría en El Salvador, ahora llega a Centroamérica, con Costa Rica”, enfatizó el analista político internacional Junior Aguirre Gorgona. Todos ellos tendrán la difícil tarea de que lo nuevo que está por nacer, no termine de configurar una Costa Rica más pobre.
