La guerra comercial y la interferencia en el libre desempeño de la justicia son las expresiones actuales del intervencionismo de Estados Unidos en América Latina en general, y en Brasil en particular. Con la principal economía de la región y la octava del mundo, Brasil tiene una importancia estratégica central para Estados Unidos en su objetivo de mantener la dominación global en un mundo cada vez más multipolar. Si la región siempre fue considerada “su patio trasero”, Brasil es su jardín más preciado. Por eso, se han desarrollado nuevas estrategias de dominación para llevar adelante su histórica política de intervención.
El expresidente Jair Bolsonaro está procesado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por liderar el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva en 2022. Actualmente está bajo arresto domiciliario. La Fiscalía General solicitó su condena por los delitos de intento de golpe, abolición violenta del Estado democrático de derecho y pertenencia a una organización criminal armada dedicada a socavar el sistema electoral. También se le acusa de incitación a ataques contra las instituciones democráticas y de coordinar medidas excepcionales. Bolsonaro podría enfrentar hasta 43 años de prisión.

Jair Bolsonaro podría recibir hasta 43 años de cárcel.

Mientras su hijo Eduardo trabaja en EE. UU. para lograr su liberación por vías extrajudiciales, el juez Alexandre de Moraes impuso varias restricciones a Jair Bolsonaro, incluyendo el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de comunicarse con autoridades extranjeras, usar redes sociales, hablar con otros acusados o diplomáticos, y salir de su residencia entre las 19 y las 6 horas.
“Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente y diputado federal por São Paulo, está trabajando junto a Paulo Figueiredo —nieto del último dictador brasileño, el general Figueiredo— para impulsar sanciones contra Brasil y, en particular, sanciones individuales contra las autoridades brasileñas que consideran responsables de impedir que Bolsonaro se mantuviera en el poder”, explica a AConvertAction Magazine el abogado André Matheus, especialista en derechos humanos y libertad de expresión. ¿Quién ayuda a Eduardo a liberar a Jair? “Su gran amigo”, el presidente de Estados Unidos.
Donald Trump envió una carta a Lula da Silva exigiendo la liberación de Bolsonaro: “Es un buen hombre. Ama a su país, luchó duro por su pueblo, y ahora quieren meterlo en la cárcel. Creo que esto es una cacería de brujas y una situación muy triste. Nadie está contento con lo que Brasil está haciendo, porque Bolsonaro fue un presidente respetado, muy respetado. (…) Espero sinceramente que el Ejecutivo brasileño cambie de rumbo, deje de atacar a sus opositores políticos y ponga fin a su ridículo régimen de censura. Estaré observando de cerca.”
Como si la intromisión en los asuntos internos de un país soberano no fuera suficiente, Trump también ordenó la revocación de las visas del juez Alexandre de Moraes y de sus aliados en el Supremo Tribunal Federal.

Eduardo, el “hijo del papá”

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) es el foro conservador más antiguo de Estados Unidos. Lo organiza anualmente la Unión Conservadora Estadounidense y reúne a políticos, activistas y líderes de opinión. En Brasil, CPAC está liderado por Eduardo Bolsonaro, quien también lo impulsa en toda la región, especialmente en Argentina junto a su otro amigo, el presidente ultraliberal y reaccionario Javier Milei. Eduardo Bolsonaro trabaja activamente para construir una red internacional de ultraderecha, conectando a líderes de América Latina, Europa y EE. UU. Eduardo Bolsonaro es el representante de Steve Bannon en la región.
Su principal objetivo es formar una “Internacional de ultraderecha”, uniendo partidos y líderes en torno a una agenda común: valores sociales conservadores, autoritarismo institucional, negacionismo climático y oposición a la izquierda o a cualquier movimiento político progresista.
“Cuando anunció su viaje a EE. UU. para buscar apoyo del entonces presidente electo Donald Trump, Eduardo Bolsonaro mencionó la posible invocación de la ‘Ley Magnitsky’. Esta ley permite a EEUU imponer sanciones económicas a personas acusadas de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, debido a la volatilidad de Trump, adoptó un enfoque agresivo e impuso un arancel del 50 % a las importaciones brasileñas, obstaculizando efectivamente el comercio entre ambos países”, continúa Matheus.

Trump cumplió su amenaza. “EEUU inició una especie de guerra comercial no convencional contra Brasil durante la Operación Lava Jato, que tenía como objetivo sabotear el sector de construcción pesada y no residencial, que estaba compitiendo con la gran industria estadounidense”, afirma Juliane Furno, doctora en economía por la Universidad Estatal de Campinas, a Agenda Sur. Recordemos que un caso constuido como Lawfare durante este proceso llevó al encarcelamiento de Lula da Silva.
Por un lado, está la economía; por otro, el lawfare: “El uso estratégico del derecho como arma de guerra es central en esta maquinaria. Lo que hoy vemos en Brasil es un ejemplo claro. El intento de ahogar al Supremo Tribunal Federal, impidiéndole juzgar a los responsables del intento de golpe, revela cómo el lawfare —o como lo llama el profesor de la UFRJ Luís Eduardo Fernandes, ‘imperialismo jurídico’— puede utilizarse para sabotear las instituciones democráticas bajo el disfraz de la legalidad”, agrega Matheus.
El gobierno de Trump, símbolo de la ultraderecha global, ya no necesita intervenciones militares directas, que provoquen una inestabilidad generalizada. Las nuevas armas son el uso distorsionado del derecho y las sanciones económicas.
“A través de una legislación que le otorga a EEUU una especie de jurisdicción universal, Washington impone sanciones, aranceles y amenazas económicas a diversos países. Es una forma de guerra silenciosa pero devastadora, que busca asfixiar economías y debilitar instituciones”, concluye Matheus.

“El 15 de julio de 2025, la USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) abrió una investigación formal basada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, alegando que Brasil incurre en prácticas ‘injustas y discriminatorias’ en seis áreas: comercio digital (en referencia específica al sistema PIX, el más utilizado en el país), aranceles preferenciales, lucha contra la corrupción, propiedad intelectual, etanol y deforestación ilegal”. Según Matheus, aunque se presenta como una disputa comercial, la investigación actúa como herramienta punitiva: activa sanciones unilaterales, amplía los canales de consulta y establece marcos jurídicos para sanciones. Todas estas investigaciones son sanciones directas contra el Brasil post-Bolsonaro y derivan de su política exterior, que se distancia del alineamiento automático con Occidente. Su acercamiento a los BRICS, su compromiso con economías periféricas/dependientes y el fortalecimiento de una diplomacia autónoma rompen con el “consenso occidental”.
Además, ese mismo 15 de julio de 2025, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que países como Brasil, China e India podrían enfrentar sanciones secundarias si mantienen relaciones comerciales con Rusia”, agrega Matheus. Todos estos países son miembros de los BRICS.
Todo parece ser una respuesta coordinada tras la XVII Cumbre de los BRICS celebrada el 6 y 7 de julio pasado en Río de Janeiro. La administración republicana de Trump no acepta la autonomía de los países del Sur Global porque amenaza los intereses de EEUU.
Por ejemplo, Brasil es productor de satélites pero no tiene lanzadores propios. Sin embargo, firmó recientemente una asociación con Rusia para la producción conjunta de satélites usando “tecnología balística para fines civiles”. Actualmente, el área de mayor crecimiento comercial entre Brasil y los países BRICS es la transición energética.
“Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de Brasil y el principal comprador de exportaciones del Estado de São Paulo, el más grande del país. Si bien nuestras exportaciones a EEUU son mayoritariamente materias primas (petróleo crudo, café, carne y jugo de naranja), las exportaciones con mayor valor agregado también son bastante significativas”, explica la economista Juliane Furno.
El avance de China en América Latina es, como se sabe, una fuente de preocupación para EEUU, que la ve como una potencia extranjera entrometiéndose en su patio trasero. “China es el principal socio comercial de Brasil; es el país que más exportaciones brasileñas absorbe. El comercio con China y la suba del precio de los commodities fueron fundamentales para impulsar la economía brasileña y permitir una distribución del ingreso entre la primera y la segunda década del 2000”, señala Furno. Sin embargo, también existen contradicciones de las que Brasil es responsable. “El país no utilizó los dólares obtenidos por el aumento en el volumen y los precios de las materias primas para invertir en maquinaria y tecnología necesarias para el desarrollo industrial. Como resultado, aunque el comercio con China permitió acumular reservas e ingresos por exportación, también profundizó el rol de Brasil como economía exportadora de materias primas, especialmente después de la crisis de 2008, cuando China cambió su estrategia hacia la exportación de manufacturas a América Latina.”
“Además, el activismo estatal brasileño, especialmente a través del BNDES, estaba financiando a países embargados o sancionados por EEUU para que compraran productos brasileños —en particular Cuba, Venezuela y Bolivia—”, añade Furno. Los intereses políticos también chocan con los de EEUU.

Política y “tierras raras”

Como todo imperio moderno, Estados Unidos está particularmente interesado en los recursos conocidos como “tierras raras”, por caso el litio o el niobio. Como informó O Globo, “El encargado de negocios de la embajada de EEUU dijo a empresarios que su país quiere acceso a los minerales críticos de Brasil.” La respuesta soberana de Lula fue clara: “Tenemos que proteger todo nuestro petróleo, todo nuestro oro, todos nuestros minerales valiosos. Y nadie va a ponerles las manos encima.”
“Durante el descubrimiento y la explotación comercial de los yacimientos del Presal —formaciones rocosas en la costa brasileña con gran potencial petrolero—, EE.UU reactivó la IV Flota en territorio brasileño y espió a la entonces presidenta Dilma Rousseff (2011–2016), además de un episodio sospechoso que implicó el robo de miles de archivos de Petrobras.” Vieja política intervencionista para nuevos minerales estratégicos.
Para Juliane Furno, “la pregunta es cuánto tiempo más tolerará se esto, incluso la élite estadounidense, ya que el arancel del 50 % comienza a perjudicar los intereses de sus propias empresas.”
La injerencia de EEUU en América Latina se profundiza. En algunos países tiene aliados tan obedientes que sus presidentes cumplen las órdenes del Norte con entusiasmo. Javier Milei es el alumno más aplicado. Otros países tienen gobiernos que resisten y se niegan a seguir las directivas de EEUU y de Trump. Uno de ellos es Brasil, y allí está Lula da Silva.