Por Carolina Berardi, Centro de Economía Política Argentina (CEPA)
Terminó mayo y no hubo pacto. Terminó mayo y no hubo Ley Bases. Mientras tanto, los gobernadores hacen malabares para contener el malestar en sus provincias: quienes trabajan en el sector salud, educación, seguridad o administración pública a nivel provincial empiezan a manifestar su descontento -con mayor escala en la provincia de Misiones- por sueldos que no logran recuperarse ni de cerca a la aceleración inflacionaria tras la asunción de Milei y la mega devaluación.
Las provincias trasladan el peso del ajuste a los sueldos provinciales producto de arcas que tienen caídas por todas partes: sus recursos propios, aquellos que reciben por coparticipación pero también los que corresponden a transferencias no automáticas de Nación. Desagreguemos.
Los recursos con los que cuentan las provincias pueden subdividirse entre recursos propios y aquellos que les transfiere la Nación. Pero al interior de esta categoría hay transferencias no automáticas y otras que sí lo son -en carácter de coparticipación o regímenes específicos-. En todos los rubros, prácticamente todas las provincias arrojan números rojos.
En el caso de los recursos propios, que incluyen patentes, inmobiliario rural y urbano y sellados, el principal componente de la recaudación provincial es el Impuesto a los Ingresos Brutos. Este impuesto depende directamente del nivel de actividad económica. Desde diciembre a esta parte, en promedio, las arcas provinciales perdieron en términos reales interanuales 14,3%, 10,7% en enero, 5,1% en febrero y 13% en marzo, con una economía que cayó 8,4% interanual. Con la excepción de las provincias de Buenos Aires y Neuquén, el conjunto arroja pérdidas que van de -0,4% en el caso de Santa Fe hasta -33,2% en San Juan.
Ahora bien, el peso de la recaudación propia sobre el total de los recursos de la jurisdicción es relativamente bajo: salvo dos excepciones (Neuquén y CABA), representan menos de 50% del total, con casos extremos de 7% u 8%. La porción más relevante de los recursos proviene de la Coparticipación y Otros Recursos de Origen Nacional, y estos guarismos vienen peor, a excepción de mayo.
En el caso de la Coparticipación, cuyos tributos centrales son el IVA y el Impuesto a las Ganancias, entre diciembre y abril cayó entre 8,4 y 24,8% según el mes. En el caso del IVA, cuya caída en mayo fue de 20%, esto es producto del parate en la actividad económica, pero en el caso de Ganancias, que se redujo 37% en abril se debe mayormente a la eliminación de la cuarta categoría del impuesto. Si bien Ganancias repuntó 81% en mayo producto del pago anual de las empresas, esto no parece ser una tendencia y la restitución de la cuarta categoría, contemplada en la Ley Bases, se presenta hoy como una gota de agua en el desierto para las arcas provinciales. Por el lado de otros recursos nacionales automáticos, las caídas son más profundas aún: de -11,5% a -26,7% en los últimos cinco meses.
Para completar el panorama, desde Nación se cortaron o redujeron prácticamente todas las partidas de transferencias no automáticas, centralmente el Fondo Nacional de Incentivo Docente (que la oposición intentará restituir el próximo martes en una sesión especial en la Cámara de Diputados, ya que representa en promedio el 12% del total del salario docente), el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y los fondos correspondientes a las cajas previsionales provinciales. En el primer cuatrimestre de 2024, estos recursos se redujeron 76% en términos reales, afectando todos los rubros: educación, salud, seguridad social y política productiva. En el caso de las políticas alimentarias para comedores escolares, la caída alcanza el 99,9%: prácticamente no se ejecutaron partidas para este rubro.
Por último, las provincias se ven afectadas por la paralización de más de 2.000 obras en todo el territorio nacional: en el primer cuatrimestre, las transferencias a provincias en concepto de gastos de capital cayeron 98% interanual. Esto implica no construir rutas, cloacas, viviendas, jardines maternales pero tampoco infraestructura energética, cuya consecuencia directa fue el corte de gas que sufrimos los últimos días.
Entre provincias, hay algunas diferencias relevantes: la más afectada por el recorte de transferencias no automáticas es La Rioja -con una caída interanual en términos reales de 97,3%- y la menor caída la tiene Chubut con -65,7%. Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaboramos un informe para mostrar estas caídas y sus diferencias entre jurisdicciones, clasificados por rubros de partidas. En la tabla a continuación, pueden apreciarse las divergencias:
Con todo este panorama de recorte de ingresos, las provincias deben afrontar gastos que centralmente corresponden a salarios y jubilaciones y pensiones (en el caso de las jurisdicciones que no transfirieron sus cajas previsionales al gobierno nacional como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba). Según datos provistos por la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial del Ministerio de Economía de la Nación, al cuarto trimestre de 2023, en promedio, entre los rubros “personal” y “prestaciones de la seguridad social” absorben el 55% de las erogaciones provinciales totales, y el 63% de las erogaciones corrientes.
Por ende, los recortes que están recibiendo las provincias no implican un ajuste a los gobernadores, a la “casta”, sino a sus poblaciones: a jubilados y jubiladas provinciales, a docentes iniciales, primarios y secundarios, a policías, a médicos y médicas, a enfermeros y enfermeras que día a día garantizan derechos allí donde se desenvuelven. Recomponer sus salarios resulta de extrema urgencia así como también retomar las obras abandonadas, muchas de ellas cerca de terminarse, para mejorar la calidad de vida de los argentinos y las argentinas.
