Internacionales

Dogmática y tanática: la política peruana

Desde Lima, Perú

Percy Encinas C.

La espiral de violencia no cesa en la crisis del Perú. Que es política pero, no olvidemos, es también social y profundamente cultural. Dijimos antes aquí (artículo del 10/12/22) que la presidenta Dina Boluarte, ni bien llegada a palacio, tendría su primer frente de batalla en el Congreso. Lo afrontó cediendo. El estallido popular en las calles que empezó a incrementarse días después, ha sido el segundo. Lo afronta reprimiendo. 

Es evidente que ella decidió, de inmediato, pactar con los poderes fácticos y asumir casi al pie de la letra el libreto que estos imponen para implementar su receta autoritaria de cómo se ordena un país y cómo se salvaguardan sus intereses. Su debilidad política (nula bancada en el Congreso, es una de sus señales más claras) le habría obligado a esa concesión. Por eso ha elegido esos jefes de gabinete (Angulo y, días después, Otárola) que en cada declaración pública parecen solo esmerados en congraciarse con el poder militar, los representantes del gran empresariado y la mayoría parlamentaria, reiterándoles que su visión y acción gubernamental es tan reaccionaria como ellos. Por eso lo que vemos todos los días es, hasta el momento, solo severa represión que, muy lejos de apaciguar las protestas, las enciende [1 ]. Poco o nada de búsqueda de soluciones políticas y menos de inteligencia. 

Más de 70 muertos en Perú.

Salvo el poder, todo es ilusión (hasta la democracia) 

Uno de los triunfos del fundamentalismo mercadocrático es haber logrado que una porción importante del país defienda el status quo a costa de cualquier cosa: de la ética, la justicia, la verdad o la democracia. Por encima de las vidas, también. Mientras éstas sean de familias que siendo peruanas, no son reconocidas como semejantes ni menos como iguales. Es un factor activo y antiguo ya señalado por el consenso de los estudios sobre la sociedad peruana. Lo vimos otra vez cuando las elecciones generales pasadas fueron ganadas por el partido de extracción provinciana Perú Libre, llevando a la presidencia a Pedro Castillo (con Dina Boluarte en la fórmula, no lo olvidemos). 

Pedro Castillo y Dina Boluarte.

Alberto Vergara acierta [2] al señalar que la intención de los “fraudistas” (defensores de la arbitraria hipótesis de un supuesto fraude) de anular doscientos mil votos de las regiones andinas, es una afrenta ofensiva que las regiones no olvidan. Y que pesa en el actual ánimo contra esas fuerzas políticas que hoy dominan el poder desde Lima. Porque intentaron borrarlos del juego electoral, decirles que sus votos no valen. Que ellos no cuentan. 

Recordemos que las impugnaciones fueron de una ligereza irresponsable que no disimulaba el menosprecio por su derecho, por su ciudadanía. Obligaron a una masiva revisión inédita de miles de mesas de sufragio que el ente electoral transmitió en tiempo real por señal abierta y redes digitales. Lo que les atrajo el público reconocimiento de las más diversas entidades democráticas nacionales y supra nacionales como la OEA, la UE y gobiernos de Canadá, los Estados Unidos, entre otros, impensables de aliarse con el partido marxista ganador. Ese mismo sistema electoral que demostró una imparcialidad ejemplar, es el que ahora el Congreso, desde su ala más autoritaria (Renovación Popular, Avanza País y el fujimorismo) se empeña en reorganizar a toda costa, con la intención de controlarlo para los siguientes procesos electorales. No les perdonan que hayan cumplido, como pocas instituciones, una labor eficaz en respetar las normas y la voluntad popular, algo que se han propuesto cobrarles caro. Es que para defender su poder instalado en el status quo, todo vale. Incluso, desconocer la verdad, manipular la democracia.

La violencia no cesa en las calles del Perú.

Menosprecio del menosprecio

El menosprecio es un factor que a la clase política y a un sector de la población que la sostiene, les parece menor. Pero no lo es. En muchas de las protestas, en las consignas, declaraciones y actitudes que se filtran a los medios (casi siempre de la prensa digital alternativa o la prensa extranjera) se evidencia el reclamo por reconocimiento. Por un trato que demuestre en todas sus aristas que ellas y ellos también importan. Exactamente lo contrario que ha hecho la política de las últimas décadas y, si miramos la historia, lo que no ha venido haciendo casi nunca en los doscientos años de república. 

La respuesta clasista y racista es propicia para que rápidamente se pase al “terruqueo” (que en Perú equivale a acusarte de senderista). A ellos, los más afectados por la insania de Sendero Luminoso, quienes lograron, a costa de sus propias vidas, frenarlo y evitar su expansión en la sierra, tildarlos como tales solo profundiza su indignación contra el sistema. Pero, una vez considerados como terroristas, es más fácil dispararles a matar y adjudicarlos a bajas del enemigo interno más cruento que el Perú ha tenido en el último siglo. Algo que no ofrece el más básico asomo de razón pero que de tanto machacarse viene siendo exitoso. Especialmente, para un amplio sector de la opinión pública, comprensiblemente harto del estallido social pero incapaz de identificar sus causas porque éstas les incluyen a ellos, a su irresponsable flojera mental y a su ausencia de empatía con quienes no reconocen como iguales. 

Bloqueos en Tacna y Cusco.

Muchas tesis. Ninguna evidencia

Las acciones estatales en las regiones del interior han provocado alrededor de sesenta muertos, casi cincuenta de ellos por herida de bala o perdigones disparados alevosamente a la cabeza, al rostro, pecho o espalda. Las acciones de represión son indiscutiblemente violentas y desproporcionadas. Hasta un medio de prensa como la televisora nacional Latina, considerada como aliada del discurso duro y descalificador de las protestas, sorprendió hace un par de domingos, detallando las trasgresiones que la policía cometía, violando sus propios protocolos y el más elemental respeto a la vida [3]

Pero también ha habido muertos por directas consecuencias de la violencia en los bloqueos de vías (más de 100 puntos en diversas regiones del país) que han inducido a colisiones, accidentes de vehículos y hasta el fallecimiento de niños trasladados en ambulancias, impedidas de pasar, en una actitud intransigente e imperdonable que nada tiene que ver con reclamos de justicia social y cambio político. En este caos virulento, el gobierno de Boluarte ha ensayado varias tesis para hallar responsables: los filosenderistas reorganizados, los carteles del narcotráfico y la minería ilegal, los ponchos rojos infiltrados por Evo Morales desde Bolivia. Cincuenta días de protestas después, ninguna evidencia razonable las acompaña. Ningún reporte de inteligencia con pruebas. Hay, sin embargo, voces que las repiten sin juicio, y personajes como el fujimorista Bustamante (el anti vacuna que Fuerza Popular propuso como su especialista en salud y posible ministro si ganaba las elecciones) quien han propuesto la invasión militar a Bolivia [4]

El Congreso rechazó el proyecto para adelantar las elecciones.

Dogmatismo criminal

Cuanto más urge la moderación, la voluntad de diálogo que perfilen propuestas sensatas y negociadas, quienes pueden empezar a acercar las posiciones no lo hacen, atrincherados en sus demandas, exhibiendo un cálculo sectario que en estas circunstancias deviene criminal. Prueba de ello es que el Congreso (con 89% de desaprobación), en cuyas manos está la posibilidad de adelantar las elecciones para aplacar una de las demandas más generalizadas, no lo ha hecho hasta hoy. Ha vuelto a rechazar un proyecto que planteaba celebrarlas en octubre de este año (en lugar de abril de 2024, como pidió el Ejecutivo) y sus bancadas más radicales ensayan ahora retrocesos peores (pretender quedarse hasta el 2026, Renovación Popular) o empeños demasiado resistidos para el álgido momento (exigir un referéndum para cambiar la constitución, Perú Libre). Al no ceder, al no ser capaces de moverse de sus tercas posiciones, impiden aprobar elecciones adelantadas y aliviar las tensiones sociales., consiguen que por encima de lo que los peruanos deseamos (los que marchan en las calles y los que aún no), se imponga su posición dogmática y su cultura tanática. 

Mientras escribo estas líneas, se confirma la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca, un peruano que volvió de haber sido un migrante en Argentina y que estuvo en las marchas del centro de Lima la noche del sábado. Las imágenes han captado el momento en que un policía dispara a pocos metros de distancia a un grupo de personas que intentaban guarecerse. Lo hace directamente a las cabezas. La de Víctor recibe el proyectil (una bomba de gas) que le destruye el cráneo. Su muerte es una más que, en lugar de arredrar a quienes protestan, amplifican el repudio de la población y aseguran juicios penales por delitos imprescriptibles y la ulterior cárcel para quienes hoy dan las órdenes, o quienes teniendo el poder de impedirlas, no lo hacen. Ya lo hemos visto antes. Ténganlo presente. 

[1] Aquí declaraciones de un policía en la abusiva intervención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ilustran la intención intimidante de las fuerzas del Estado: https://twitter.com/Ojo_Publico/status/1616958573346537478 ¿Consiguieron su objetivo? No. Más bien, se activó el Bloque Universitario que ahora se ha sumado a las protestas frecuentes en las calles.

[2] Aquí un extracto de sus opiniones en el programa de Jaime Chincha: https://www.youtube.com/watch?v=5Ga_bz81Rsc

[3] Programa Punto Final (Latina TV) donde demuestran las trasgresiones de la policía, de fatales consecuencias: https://www.youtube.com/watch?v=vS8J1vA0VXE

[4] Aquí algunas de las irresponsables declaraciones del actual congresista que no han tenido deslinde de parte del fujimorismo: https://www.youtube.com/watch?v=BdSLO2qc6gk