Recorrerán los 3.300 kilómetros que los separan de Buenos Aires y el martes 1 de agosto acamparán frente a la Corte Suprema y el Congreso de la Nación
Exigen que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare la incostitucionalidad de la reforma de la Carta Magna jujeña y piden la intervención de la provincia de Jujuy gobernada por Gerardo Morales y la sanción de la Ley de Propiedad Comunitaria.
Agenda Sur cubrió con sus enviados especiales desde el norte de Jujuy, la ceremonia de partida, realizada en Purmamarca.
La marcha hacia la Capital Federal comenzó al grito de “el pueblo unido, jamás será vencido”.
Mientras tanto continúan cortes pacíficos en Abra Pampa Humahuaca, Tilcara, Hornaditas, San Roque, Salinas Grandes y Cuaranzulí.
La ceremonia se realizó en la intersección de las rutas nacionales 9 y 52, que fue el lugar donde los indígenas fueron el blanco de una violenta represión el 17 de junio pasado.
En un diálogo con los enviados de Agenda Sur, el referente indígena Armando Quispe, comunicador originario de la comunidad de Queta, manifestó que “la situación es crítica y dolorosa ya que después de tanta lucha no fuimos escuchados”.
El viaje se organizó autogestionado por todas las comunidades. Utilizarán vehículos para desplazarse en los tramos entre ciudades capitales y realizarán caminatas en los puntos destacados por la organización. Quispe también adelantó que a lo largo del trayecto “se unirán al Malón otros pueblos hermanos y organizaciones sociales”.
Las consignas serán las mismas que sostienen los cortes de rutas: “el agua vale más que el litio’ y “arriba las Wiphalas abajo la reforma’.
El rechazo a la Reforma parcial de la Constitución se debe a que viola el Tratado Internacional Convenio 169 de la OIT (Ley Nac. 24.071/92), ya que no hubo consulta libre previa e informada ni consentimiento de los Pueblos Indígenas preexistentes al Estado argentino.
Por otra parte se viola la Constitución Argentina en el Art. 75 inc. 17, al no brindar la participación de los pueblos con respecto al derecho de posesión y propiedad comunitaria. No respeta el derecho al agua y a la vida cultural como Pueblos Indígenas del territorio jujeño. Además no respeta el derecho a la protesta (Art. 14 bis de la Constitución Nacional Argentina).
La Constitución jujeña aprobada de manera inusitadamente rápida constituye una herramienta racista y genocida para los Pueblos Indígenas.
La Constitución reformada crea un Estado dentro de otro Estado y obedece los intereses de grandes corporaciones extranjeras, que privilegian los negocios a los intereses de los pueblos, denuncian los líderes del Malón.
“La Constitución no es un instrumento del gobierno para controlar al pueblo, es una herramienta del pueblo para controlar al gobierno”.
Un poco de historia
Cuando comenzó a formarse la República Argentina en 1810 los Pueblos Indígenas pidieron que se les reconociera el derecho a la propiedad de sus territorios. Esto no ocurrió porque la República Argentina sólo reconoció la propiedad privada individual desconociendo la propiedad comunitaria de los pueblos preexistentes.
La falta de reconocimiento a lo largo del siglo XIX provocó que las Comunidades de la Puna, hoy presentes en el Tercer Malón, se levantaran en 1874 y 1875, con un saldo de cien muertos.
En 1946 miembros de muchas comunidades caminaron durante tres meses hasta Buenos Aires a reclamar al gobierno la restitución de las tierras. No recibieron una respuesta positiva y fueron expulsados de Buenos Aires y devueltos a sus tierras en vagones de tren.
En 1994, la Reforma de la Constitución Nacional estableció que las tierras deben ser entregadas con títulos comunitarios a las comunidades. Sólo un 12% recibieron esos títulos. Durante el gobierno de Gerardo Morales no se entregó ningún titulo de propiedad.
El fondo del problema
Según los representantes de los indígenas el gobierno provincial hizo la reforma de la Constitución de Jujuy sin consultar a la comunidades con el único objetivo de aprovechar el negocio del litio, que se encuentra en sus territorios.
La nueva Constitución le da al Estado provincial muchas herramientas legales para vender los recursos naturales a empresas privadas o promover proyectos de diversos tipos sin la necesidad del consentimiento.
La probabilidad entonces de los desalojos y saqueos se multiplica al no tener los títulos de propiedad reclamados permanentemente.
El Tercer Malón de la Paz entonces es una movilización que va más allá de la provincia de Jujuy. Es en defensa de los recursos naturales, el agua, la tierra y la vida. Está en juego la supervivencia del medio ambiente y el planeta. Se gestó en los cortes de rutas donde se realizaron asambleas en las que se decidió que era necesario algo más ya que con ese instrumento no se lograba hacerse escuchar por el gobierno jujeño.
Ante los permanentes ataques del gobierno jujeño que incluyen represión violenta con vehículos sin identificación, denuncias de torturas y persecución penal a los manifestantes, en asambleas resolvieron maarchar a Buenos Aires para hacerse oír, denunciar la gravísima situación que atraviesan y exigir una vez más, como en tantas oportunidades a lo largo de nuestra historia, justicia.
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