Le requirieron al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, que se aparte en forma inmediata para el abordaje por parte del pleno del tribunal de una crisis que “merece la debida corrección”.

Los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma pidieron la inmediata realización del acuerdo general demorado por el actual presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, con motivo al “temor de su parcialidad. Ledesma, la anterior presidenta del cuerpo, y Slokar, el actual vicepresidente del tribunal, reclamaron al resto del tribunal el tratamiento urgente de la crisis institucional que atraviesa la Cámara, que calificaron de “inédita y de magnitud creciente”. Por ello, le requirieron a Hornos que se aparte en forma inmediata para el abordaje por parte del pleno del tribunal de una crisis que “merece la debida corrección”.
El apartamiento es una obligación derivada de la ley, que establece un conjunto de prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todos los magistrados. El art. 32. de la ley procesal dice:” Incurrirá en la causal de “mal desempeño”, en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto”.
A partir de la difusión de la noticia por el portal El Destape de las recurrentes visitas de los jueces y dueños de medios de comunicación a la Casa Rosada para reunirse con el entonces presidente, Mauricio Macri, estos magistrados están cada vez más cuestionados por algunos de sus pares, el oficialismo y amplios sectores sociales. Con la gestión del nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, pareciera que se quiere atacar, por fin, a estas prácticas que eran parte fundante del gobierno de Cambiemos, y que sigue vigente. Contrariando al dicho de que el Poder Judicial siempre es oficialista, aquí es claramente opositor.
Según las fuerntes consultadas por Agenda Sur, “en este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso” (Corte Europea de Derechos Humanos; Caso Pabla KY v. Finlad, jun. 26/04).

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