Verónica Zapata, peridista y psicóloga boliviana

En ambos casos se repite la modalidad delictiva: las compras se realizaron con sobreprecios elevados y se utilizaron intermediarios “a dedo” para realizar la operación. Tiene como protagonistas a altos funcionarios del gobierno de facto implicados en una red de corrupción, y algunos  cuentan en su haber con condenas por la justicia. También, en ambos casos, se expresó la C.I.D.H.

Luis Brerkman Littmann, dueño de la empresa intermediaria que vendió los agentes químicos, y tiene antecedentes delictivos por venta de armas de guerra. 

El caso de los “agentes químicos” tiene como principales protagonistas a altos funcionarios, como el ministro de gobierno, Arturo Murillo, al jefe de gabinete de dicha cartera, Rodrigo Méndez Mendizábal, y al ministro de defensa, Luis Fernando López.  Arturo Murillo reconoció la compra mediante un comunicado, pero sostuvo que se realizó dentro del marco legal, aunque las pruebas de los contratos lo contradicen. Solicitó rectificar las acusaciones por el caso al periodista junior Arias: “No vamos a descansar hasta que el Sr. Arias rectifique y restaure la dignidad e imagen de las apersonas dañadas”.  Por su parte, el periodista ratificó las denuncias y confirmó que solicitará medidas cautelares de protección por las amenazas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.). Por otra parte, el relator especial para la libertad de expresión de la C.I.D.H., Edison Lanza, manifestó su “grave preocupación” por la respuesta del ministerio de gobierno a un periodista. Sostuvo: “Calificar de “guerra sucia” o “guerra política” a un medio es estigmatizador, en lugar debió rendir cuentas sobre el tema de fondo”, señaló en su cuenta de Twitter.
En el caso participó una empresa intermediaria “amiga”, como en el caso de los respiradores. Rodrigo Méndez Mendizábal, actual jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, es amigo de Luis Brerkman Littmann, dueño de la empresa intermediaria que vendió los agentes químicos, y que tiene antecedentes delictivos por venta de armas de guerra.  Esto no fue motivo suficiente para que la empresa no fuera elegida como intermediaria. El escándalo amenaza con salpicar a la presidenta de facto, porque a Rodrigo Méndez Mendizábal se lo observa en fotos  en reuniones privadas y en plena campaña electoral junto a Áñez.

En las próximas horas se espera que se investigue el valor de compra de los cinco productos restantes que figuran en el contrato, que elevaría el monto de compra con sobreprecio en detrimento del Estado. Y si en la compra de este tipo de productos, que se disparó pos Golpe de Estado, se prosiguió con esta modalidad delictiva en todos los casos.  

El escándalo amenaza con salpicar a la presidenta de facto, porque a Rodrigo Méndez Mendizábal se lo observa en fotos en plena campaña electoral junto a Áñez.

En el “caso respiradores”, fueron detenidos hasta el ex ministro de Salud, Marcelo Navajas, entre varios otros. Están implicados en el caso funcionarios de primera línea. Navajas tenía en su haber una condena por la venta con sobreprecios de medicamentos para el cáncer en el momento de asumir como funcionario, y esto tampoco fue impedimento para ocupar el cargo. Su esposa involucró a la presidenta de facto, Jeanine Áñez, y al ministro de gobierno, Arturo Murillo, de ser responsables por la compra de los respiradores, dado que su marido “no tenía poder de autorizar transferencias de dinero para compras”, y amenazó con hablar si mantenían en la cárcel al ex ministro de salud. Navajas fue liberado pocas horas luego de su detención.
El caso volvió a ser noticia con la detención del juez Hugo Huacani, quien le iba a tomar declaración al ex ministro de salud. Fue detenido sin una orden de aprehensión ni causa penal abierta en su contra por Iván Rojas, director general de la fuerza especial de lucha contra el crimen (F.E.L.C.C.), por orden del ministro de gobierno Arturo Murillo. Así se desató un escándalo a nivel mundial, cuando el juez escribió en un papel improvisado su propia acción de libertad, un “hábeas corpus”, y rememoró a Bolivia que en 1972 el abogado Reynaldo Peters redactó un hábeas corpus en papel higiénico, cuando fue detenido por la dictadura de Hugo Banzer. La C.I.D.H. se expresó: “La independencia judicial es vital para un Estado de derecho”. Finalmente se designó otro juez en el caso allegado de Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto, aliada de Áñez. En el medio apareció Fernando Húmerez, un “testigo clave” que se presentó de forma espontánea y que adujo tener pruebas para demostrar que el Gobierno de facto fue estafado en su buena fe por las empresas españolas. Si así fuera, llama la atención que el ministerio público solicitara a la autoridad judicial la reserva del caso.