Por Silvina Dal Pont
Argentina ya conoce de bonos y planes de alivio socioeconómico. En la crisis del 2001, el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados fue un instrumento de subsidio decisivo para una población que registraba índices de 55% de pobreza y 25% de desempleo. Sin ir tan lejos, en diciembre de 2019 el flamante gobierno anunció la asignación de un bono extra de $5000 para jubilados y de $2000 para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo (AUH-AUE). Por aquellos días, los números que alarmaban eran la caída de la actividad económica, la pérdida de salario real y un nivel de pobreza trepando el 35%.
El Keynesianismo otorgaba un rol activo al Estado en la planificación de la economía, dando lugar a los regímenes de Estados de Bienestar que perduraron en el mundo hasta los años ’70.
En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno creó un nuevo bono denominado “Ingreso Familiar de Emergencia” (IFE), por un monto de $10000 que se pagará por única vez en el mes de abril. El IFE busca compensar el impacto económico del aislamiento en los sectores más vulnerables, incluyendo trabajadores informales, monotributistas sociales y de las categorías “A” y “B”, beneficiarios de la AUH-AUE y trabajadores de casas particulares. Además, se otorgará un “bono extraordinario” de $3000 a jubilados y un bono equivalente a una asignación por cada hijo a los titulares de la AUH-AUE.
La trayectoria descripta deja pocas dudas acerca de la factibilidad de una medida de alivio frente a la cuarentena. Una buena parte de la opinión pública buscó, además, establecer las semejanzas con el paquete de medidas keynesianas de la posguerra. Ese modelo otorgaba un rol activo al Estado en la planificación de la economía, dando lugar a los regímenes de Estados de Bienestar que perduraron en el mundo hasta los años ’70. Sin dudas, los instrumentos que pone en marcha el Estado en el medio de cuarentena incluyen, desde medidas de una “economía de guerra” (como la inyección de fondos para estimular la producción de insumos y equipamiento médico), hasta estas medidas como el nuevo IFE que busca “poner plata en los bolsillos” de la población.
Es posible que el IFE deje aún más para analizar, en el contexto de una crisis que es global. Por citar ejemplos, Estados Unidos e Italia están en vías de implementación de bonos del mismo tipo. En el primero, se trataría de un bono por única vez, para todos los estadounidenses, y por un monto en torno a los 1000 dólares. En el caso de Italia, el bono ya fue anunciado y consiste en un aporte de 600 euros que alcanza a profesionales, autónomos, trabajadores/as informales, de casas particulares, cuidadores de niños y ancianos, estacionales y precarizados. El país europeo también creó una especie de ticket canasta, denominado “Buoni spesa”, por un monto de 25 euros que será asignado a las familias con más necesidad para complementar los gastos de consumo en alimentos.
Los bonos vienen a cubrir una situación de vulnerabilidad en la percepción de ingresos a la cual se encuentra sometida gran parte de la población.
En los casos presentados, el bono no aplica si existen otros ingresos familiares (el caso de Argentina) y/o si el ingreso anual de 2019 supera cierto límite (en el caso de Italia, aunque con excepciones si el ingreso se redujo de manera significativa en el 2020). Al cabo de su puesta en funcionamiento, no debe asombrar que una buena parte de este ingreso se destine al pago de ciertos gastos fijos. Así lo admite la teoría económica convencional (lo primero que hacen las personas con su ingreso es destinarlo al pago de impuestos y servicios esenciales), aunque en el país se ha contemplado la postergación de los vencimientos en el pago de tarjetas de créditos y se garantiza la provisión de servicios públicos.
¿Qué hay de nuevo entonces? Que en su esencia, los bonos vienen a cubrir una situación de vulnerabilidad en la percepción de ingresos a la cual se encuentra sometida gran parte de la población. La dimensión de la economía informal se refleja en la cantidad de personas y en la variedad de ocupaciones que abarca, dando cuenta de una situación que va más allá de la visión tradicional asociada con al empleo no registrado.
Según la Organización Internacional del Trabajo, la economía informal abarca a “todas las actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que –en la legislación o en la práctica– están insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo están en absoluto”. En esta definición hay pocas implicancias del pasado, sino que –paradójicamente- se hace referencia a las características del “futuro del trabajo”.
“El cambio tecnológico afectará de modo tan preocupante al mercado laboral del futuro, hasta el punto que puede pasar que el concepto de trabajo remunerado tal como lo conocemosdesaparezca por completo”.
Los robots rellenando góndolas, o el drone entregando la pizza, son sólo símbolos del trabajo en la sociedad global. El nuevo modo de producir, vender y distribuir; las tecnologías de la comunicación y las App, son los factores que explican la dinámica de los nuevos empleos. Las tareas que usualmente realizaban trabajadores de una empresa o contratistas, ahora son externalizadas mediante un conjunto de personas que responden a una convocatoria abierta.
En las nuevas ocupaciones, las personas pueden gestionar el tiempo, pero hasta allí llega su autonomía, en tanto reciben instrucciones directas sobre la forma en que deben realizar las tareas. El vínculo con los “pares” se dificulta y explica el lento camino hacia la creación de sistemas que los amparen. Al respecto, el Dr. en Ingeniería Eduardo Dvorkin1 mencionaba que “el cambio tecnológico afectará de modo tan preocupante al mercado laboral del futuro, hasta el punto que puede pasar que el concepto de trabajo remunerado tal como lo conocemos desaparezca por completo”.
Pese a esta realidad que está frente a los ojos, aún es sencillo encontrar referencias al empleo informal como algo restringido a un público o una zona en particular, o bien, aquella visión legalista que considera que algunas actividades operan en la informalidad como consecuencia de la presión impositiva, pero que son competitivas. Estas visiones conviven con un enfoque estructuralista más amplio, para el cual ciertos sectores económicos operan en la informalidad y se vinculan con el sector formal mediante la cadena de proveedores, bajo un esquema de complementariedad que les permite ser competitivos. Todas y cada una de estas visiones son fotos de una heterogénea realidad productiva, que en Argentina debe ser atendida y que no sorprende en tiempos de IFE.
La transición de la informalidad a la formalidad, o bien al ingreso seguro en todas sus dimensiones, representa un desafío que debe sentar las bases de un nuevo paradigma económico para los países que buscan encontrar un camino al desarrollo económico con igualdad. Situaciones críticas como la emergencia sanitaria, a veces, se convierten en la oportunidad para priorizar la cuestión en la agenda pública. En cualquier caso, el IFE no sólo habrá logrado paliar esta crisis y arrojar luz sobre el tema, sino también contar con millones de datos recopilados a través del ANSES.
